Los casos más complejos se derivarán desde este mismo servicio a la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda, evitando así a las familias los desplazamientos y trámites innecesarios
Los casos más complejos se derivarán desde este mismo servicio a la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda, evitando así a las familias los desplazamientos y trámites innecesarios
Desde este mes de agosto ya está en funcionamiento la Oficina de Asesoramiento a la Vivienda, proyecto que además de ser una de las propuestas del programa electoral del Partido Socialista, fue a su vez uno de los puntos de acuerdo para la investidura con Izquierda Unida los verdes convocatoria por Andalucía.
El pasado mes de julio se firmó el Decreto de Alcaldía por el que se asignaban las funciones del servicio de Oficina de asesoramiento a la vivienda al Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) sito en el Ayuntamiento.
El personal de este área recibirá la formación necesaria para poder atender en primera instancia los casos de las familias en situaciones de especial vulnerabilidad o en riesgo de pérdida de su vivienda habitual. Los casos más complejos se derivarán desde este mismo servicio a la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda, evitando así a las familias los desplazamientos y trámites innecesarios. Será la misma Delegación quien además de formar, tutorizará la Oficina.
Este es un paso más para dar respuesta a aquellas familias que están en riesgo de ser despojadas de su vivienda por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la crisis económica. Recordamos otras iniciativas que suman para tal fin:
- Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para la prestación del Servicio supramunicipal de Asistencia en materia de Vivienda, que incluye a su vez un Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena con el que se podrá prestar asesoramiento jurídico gratuito a las familias interesadas.
- Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, La Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.